Panamá se suma a otros países de la región, sus congresistas presentaron proyectos de ley para regular el uso de Bitcoin y otras criptomonedas en el interior del país, e incluso utilizarlas para pagar impuestos

Sebastián Estrada

Panamá se suma a otros países de la región en formular legislaciones para regular las criptomonedas. Una propuesta de ley presentada por la diputada Cenobia Vargas en la Asamblea Nacional buscaría evaluar el uso de criptomonedas como métodos de pago opcionales dentro del país, esta se suma a otras iniciativas presentadas por otros diputados  y ciudadanos que buscan legislar el uso de activos digitales.

Una de las propuestas presentadas —el 25 de agosto— es el proyecto de ley «Por el cual se regula la minería de criptomonedas a nivel nacional”, presentado por Participación Ciudadana, que busca regular la actividad por la que se obtienen distintos criptoactivos. En el proyecto destacan los artículos como el primero, donde el Estado panameño se comprometió a crear  mecanismos legales para atraer la inversión extranjera para empresarios que deseen minar, y el segundo donde la empresa que mine criptomonedas podrá hacerlo siempre que la extracción se realice al menos con 50% con energía renovable.

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Cenobia Vargas, quien presentó el proyecto de ley el 17 de agosto para regular el uso de criptomonedas como método de pago, ya había presentado un proyecto de ley relacionado con los criptoactivos el pasado octubre del 2020, en conjunto con los diputados Rolando Rodríguez, Tito Rodríguez, y Emilie Garcias. Esta iniciativa buscaba regular el intercambio de criptomonedas dentro de Panamá.

El nuevo anteproyecto legislativo, presentado el 17 de agosto, se compone de ocho capítulos y 31 artículos, busca definir más aspectos del mundo criptográfico que el presentado en octubre del año pasado; la ley abarca legislaciones de carácter tributario, medidas para evitar el blanqueo de dinero, regular la actividad relacionada a la minerÍa y plantea la definición de una infraestructura para diseñar modelos de negocios que puedan derivarse de los criptoactivos.

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El proyecto plantea, de igual manera que El Salvador, utilizar las criptomonedas para realizar el pago de impuestos, aunque deben ser expresados en la moneda nacional, balboa, o incluso en dólares, las instituciones recaudadoras serán las encargadas de realizar la conversión, para evitar los riesgos que conlleva la volatilidad del mercado.

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También se plantea crear una comisión llamada Negocios con Tecnología Blockchain, que estará  a cargo del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), se encargará de regular actividades del mundo criptográfico y buscará licenciar a empresas que se dediquen a la creación o administración de  monederos, exchanges o quienes emitan tokens no fungibles (NFT, por su sigla en inglés). La licencia tendrá un costo de 10,000 dólares, con una tasa única anual de 2,000 dólares.

La propuesta de ley en su capítulo cinco define dos estructuras para la minería de criptomonedas, de baja y alta escala. En la primera se incluyen a los mineros que no generen más de 50,000 dólares anuales, además se especifica que realicen la extracción en sus domicilios, por lo que no necesitará contar con una licencia, sin embargo, se tendrá que realizar un pago de 15% sobre las ganancias.

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En la estructura para mineros a gran escala se busca regular a las entidades que obtengan más de 50,000 dólares anuales, que la actividad de minería se realice desde un local comercial, no será permitido el uso del domicilio para esta actividad, y se pagará 25% sobre las ganancias obtenidas.

Panamá se suma a otros países de la región como Paraguay y  El Salvador como países que buscan regular e incentivar el uso de criptomonedas, incluso en algunos casos hacer de Bitcoin una moneda de curso legal.

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