Las organizaciones refieren que el programa presenta serias amenazas a los derechos humanos, de privacidad y de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación

Eduardo Rivas

Seis organizaciones de la sociedad civil incluyendo a la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Artículo 19 publicaron una carta dirigida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que expresan sus temores acerca de las posibles implicaciones que el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) para los usuarios de esta tecnología que actualmente comprende más de 71% de la población mexicana mayor de 6 años.

De acuerdo con la carta las organizaciones firmantes, existe preocupación por que la independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF) puedan estar en entredicho, debido a la postura de los tribunales en materia de amparos. Señalan que juzgados y tribunales especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones han rechazado demandas de amparo hasta que el Instituto Federal de Telecomunicaciones emita disposiciones administrativas sobre el padrón.

Debido a esto, se afirma en la carta: “Este contexto de desechamiento de las demandas de amparo se ha llevado a cabo en automático y sin el menor análisis”, lo cual obligará a las personas a sumar sus datos personales y biométricos a la base del padrón antes de que se resuelvan las dudas de su constitucionalidad por el PJF lo cual, según afirman, “hará imposible impedir que a millones de personas les sean canceladas sus líneas de telefonía móvil y les sea restringido su derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación”.

También te puede interesar: Reconocimiento facial con Inteligencia Artificial debe contar con asistencia humana: Parlamento Europeo

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5276943697118145 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Además, los firmantes argumentan que la creación de esta base de datos, así como otras que involucran el acceso del gobierno a los datos biométricos de los ciudadanos pueden representar peligros, pues son blancos vulnerables a ataques cibernéticos debido a la concentración centralizada de millones de datos personales valiosos en mercados negros, además de que son puestos a disposicion de múltiples autoridades “sin control judicial y ninguna salvaguarda contra el abuso de la información” por parte de las mismas.

En la misiva se señala además que el PJF ha perdido cierto grado de autonomía debido a “una campaña pública de hostigamiento desde el gobierno federal (…) no se puede soslayar el impacto —real o percibido— de estos actos de intimidación, como los que han emprendido el presidente de la República y otros funcionarios para minar la independencia y autonomía de la judicatura”, esto debido a declaraciones sucedidas antes este año contra ministros y jueces en diversos temas.

Debido a esto, las organizaciones han pedido a la SCJN que lleve a cabo los procesos de deliberación de los recursos 61/2021-CA 56/2021-CA y 57/2021-CA referentes a acciones de inconstitucionalidad presentadas por el Senado de la República y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) así como la decisión a la que la corte llegue, se lleven en total transparencia para asegurar la independencia del PJF.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5276943697118145 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

También te puede interesar: Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia divulga contenido de comunicaciones interceptadas por el Ejército sobre caso Ayotzinapa

Además los firmantes exigen que se de una suspensión completa a la puesta en operación del Panaut hasta que la SCJN haya resuelto la constitucionalidad de sus actividades, esto para evitar que continúe la puesta en marcha de la base de datos biométrica que ellos consideran es violatoria de los derechos humanos así como del derecho a la privacidad y el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Finalmente solicitaron a la SCJN permitir a los ciudadanos a los que se les ha negado la posibilidad de interponer amparos contra el Panaut interponer quejas y permitir dichas demandas o que garantice que éstas serán admitidas cuando el IFT presente las disposiciones que han requerido.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5276943697118145 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});