Diversas organizaciones civiles latinoamericanas o que operan en la región hicieron una petición ante organismos internacionales para esclarecer el caso Pegasus
Eduardo Rivas
Organizaciones de sociedad civil como Artículo 19, el Centro Prodh y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que exhorte al estado mexicano a transparentar las contrataciones de sistemas de vigilancia y así como la investigación del caso Pegasus, lo hicieron durante el marco del 181 periodo de sesiones virtuales que organiza la CIDH.
Las organizaciones expresaron su preocupación por la ausencia de controles democráticos y la falta de transparencia en la adquisición y uso de sistemas de vigilancia intrusivos por parte del estado el pasado 27 de octubre durante la audiencia titulada “Uso de tecnologías de vigilancia y su impacto en la libertad de expresión en el contexto de la pandemia en la región”
El director ejecutivo de R3D, Luis Fernando García, expresó durante su intervención que en México “por cerca de quince años con el pretexto del combate a la delincuencia organizada, el Estado ha intentado justificar la expansión de sus facultades legales para invadir la privacidad y un cuantioso gasto para incrementar su capacidad tecnológica para vigilar de manera encubierta a la población, sin contrapesos institucionales ni controles democráticos”
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https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5276943697118145 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Como resultado, según señaló el experto, es que la corrupción y la vigilancia por parte del estado en contra de la sociedad civil se ha vuelto generalizada y producto de esa misma corrupción existen indicios de que estos sistemas de vigilancia han sido usados en “colusión” con miembros de la delincuencia organizada, aquellos que, según se afirma, deberían ser los blancos de estos sistemas y no sus operadores.
El orador ejemplificó lo anterior refiriéndose al caso Pegasus haciendo eco de la información surgida a través de los años, incluyendo la negativa inicial del gobierno de poseer estos sistemas, las contrataciones hechas sin licitaciones y sobreprecios así como el uso de empresas intermediarias que luego fueron descritas como “empresas fantasma” además de el uso del malware de origen israelí por diferentes instancias del gobierno federal incluyendo al Ejército Mexicano, el cual no cuenta con facultades jurídicas para la intervención de comunicaciones de individuos de la sociedad civil.
También recordó cómo el malware fue utilizado entre los años 2014 y 2017 para espiar a miembros de organizaciones de derechos humanos, activistas y periodistas así como a familiares de estos y criticó que la información con la que se cuenta hoy en día ha sido fruto de la labor periodística y no proporcionada por el estado, el cual, bajo el actual mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a brindar transparencia respecto al caso sin que hasta hoy se haya cumplido tal compromiso, todo lo cual, según declaró “no solo incentiva la repetición de los hechos sino que perpetúa las graves consecuencias de la vigilancia que ha sido descrita”
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https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5276943697118145 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Por su parte y en representación de Artículo 19, habló Vladimir Cortéz expresando que a pesar de que el actual gobierno del presidente López Obrador hizo compromisos de no realizar acciones de espionaje en contra de la población, pero que en este sentido se han registrado casos como el de torres falsas de telefonía conocidas como IMSI Catchers o Stingrays utilizadas para llevar a cabo recolección masiva de datos revelado en abril del 2020.
Cortéz también concordó con las declaraciones del director de R3D acerca de los compromisos de transparencia en cuanto al caso Pegasus llamándola “parcial y a cuentagotas” además recordando que la legislación mexicana marca obligaciones de transparencia proactivas para el uso de los sistemas de vigilancia denunciando que «En la práctica estas obligaciones han sido insuficientes y no han asegurado la máxima transparencia»
Finalmente la consejera en innovación del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL, Maria Noel Leoni cerró la participación con una serie de peticiones ante la CIDH incluyendo un pronunciamiento público de la comisión adhiriéndose a la prohibición de la Oficina de la Alta Comisionada de ONU de tecnologías de vigilancia que no puedan operar sin cumplir con estándares internacionales así como el pedido de una moratoria a la venta de este tipo de tecnologías hasta que pueda garantizarse salvaguardas adecuadas.
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También pidieron que se exhorte a los estados a que el uso de estos sistemas de vigilancia se apegue a los derechos humanos, al derecho a la privacidad y se haga de forma que cumpla con los principios de necesidad y proporcionalidad además de que implementen procesos “de debida diligencia” al respecto de los derechos humanos como evaluaciones periódicas y exhaustivas de aquellos con acceso a estas tecnologías.
Finalmente, en el caso de México, las organizaciones pidieron que se exhorte al estado a dar cumplimiento con sus compromisos en materia de transparencia acerca de las contrataciones de estos sistemas de vigilancia y llevar a cabo investigaciones así como realizar reformas que establezcan sistemas de control para la adquisición y uso de sistemas de vigilancia.
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