Las investigaciones habrían sido archivadas a los 7 ó 8 meses de haber sido iniciadas sin que se sancionará a ninguno de los responsables
Eduardo Rivas
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) archivó en 2014, a través de su Órgano Interno de Control, las indagatorias hechas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hechas desde el año 2012 acerca de los contratos suscritos con la empresa Security Tracking Devices, intermediaria de NSO Group y el gobierno mexicano en la compra del malware espía Pegasus.
De acuerdo a documentos (propiedad de Sedena) presentados por el diario El País, las dependencias federales si iniciaron procesos de investigación por los contratos suscritos por el entonces Director de Administración de La Sedena, General Moisés García Ochoa pero no lograron avanzar debido a “falta de elementos” por lo cual ninguno de los implicados recibió sanciones.
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Pegasus antecedentes
Investigaciones previas dieron a conocer que las implicaciones del caso Pegasus no solo abarcan las dimensiones de un malware espía que, a pesar de haber sido comprado para vigilar los movimientos del crímen organizado, especialmente los cárteles del narcotráfico, fue utilizado en contra de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos y hasta rivales políticos desde el gobierno de Felipe Calderón, sino que además los contratos presentaron toda clase de irreg
Indagatorias fiscalesq
Las recientes revelaciones indican que los órganos fiscales iniciaron procedimientos investigatorios sobre los contratos al menos en tres ocasiones durante el año 2013, la ASF inició una de estas investigaciones el 26 de junio de 2013 sin mencionar los nombres ni los cargos de los involucrados así como una segunda solo días después, el primero de julio del mismo año, en ambos casos la Sedena aseguró que levantó investigaciones y solicitó la evidencia de la ASF.
En ambos casos, las investigaciones fueron cerradas a los siete y ocho meses de iniciadas respectivamente en el primer caso señalando “No se acreditó que servidores públicos pertenecientes al Instituto Armado, hayan cometido actos u omisiones de carácter administrativo de los señalados en la Ley” ambas bajo el argumento de “falta de elementos” que dejaron a los responsables sin sanciones.https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5276943697118145 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
La ASF habría detectado el uso del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar para realizar el pago de dos contratos referentes a la segunda y la tercera fase del sistema de inteligencia regional del Estado Mayor de la Defensa fallando al justificar la necesidad urgente que tiene como requisito el uso de dicho fideicomiso; adicionalmente, se reportó que los proveedores no cumplieron con las fechas de entrega especificadas en los contratos.
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Ante los retrasos, la Secretaría de Defensa Nacional también falló al hacer responsables a los proveedores de acuerdo a como marca la ley, emitiendo la correspondiente Acta de Incumplimiento 30 días después de que venciera el límite establecido sin que además pudiera ser corroborada la sanción correspondiente ni rescindido el contrato.
El ejército también habría operado con opacidad ya que, en otro caso dejó sin especificar el costo unitario de más de 999 bienes pertenecientes al llamado “Sistema de designadores electromagnéticos de señales satelitales de telefonía” lo que también imposibilitó comparar sus precios con los de otros productos en el mercado para determinar su viabilidad pues, adicionalmente, existían cláusulas de confidencialidad. Cabe aclarar que todos estos contratos fueron hechos por adjudicaciones directas y sin investigación previa para comparar los costos con los de otros bienes en el mercado.
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5276943697118145 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});General García Ochoa vetado por nexos con el narcotráfico
El general Moisés García Ochoa es señalado en al menos cinco de los contratos celebrados entre el gobierno mexicano y NSO Group o empresas ligadas a la red Pegasus y se calcula que es responsable del gasto de al menos 4.4 millones de pesos; aún así, formó parte de los posibles candidatos para ocupar el puesto de Secretario de Defensa durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, pero nunca llegó a ocupar el cargo debido a que el gobierno de Estados Unidos emitió un veto contra el militar, acusando presuntos vínculos con el narcotráfico.
El general se retiró en diciembre de 2016 y actualmente goza de una pensión militar de 75 mil pesos y no enfrentó, durante su servicio activo, ninguna sanción por las irregularidades en la compra de los equipos de Pegasus.
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