En México los sistemas de identificación basados en información biométrica cada vez están más cerca de ser una realidad
Eduardo Rivas
Los sistemas de identificación biométrica comienzan a adoptarse con más frecuencia por gobiernos y organizaciones como instrumentos en materia de seguridad. Sin embargo, estos sistemas también suponen un riesgo para la población, en particular para los grupos vulnerables, aseguraron expertos en el panel “Los riesgos de los sistemas de identificación biométrica para los derechos humanos” organizado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
Los expertos externaron sus dudas sobre la seguridad de sistemas centralizados que recopilan información biométrica por parte de los gobiernos, por posibles fallas que podrían dejar inutilizables los datos en caso de descompostura o expuestos en caso de filtraciones, pero también recalcaron problemas en la aplicación de las bases para centralizar el acceso a trámites, servicios públicos, etc.
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En el panel participaron la doctora Eve Hayes de Kalaf, del Centro de estudios para Latinoamérica y el Caribe, Christiaan van Veen del Centro para los derechos humanos y la justicia global de la escuela de leyes de la Universidad de Nueva York, Mustafa Mhmound de Namati, Kenia, Elizabeth Mendoza Maldonado de Hiperderecho, Perú, y Alexandrine Porlot de Corbion de Privacy international, Reino Unido.
Un tema de inclusión social
La doctora Eve Hayes de Kalaf y Chistian van Veen explican que aunque uno de los propósitos de estos sistemas es ayudar a resolver el problema de la inclusión de grupos vulnerables como pueblos indígenas o integrantes de la comunidad LGBT, estos mismos grupos tienen no son cubiertos por estos sistemas por los enormes retos para registrar a la totalidad de una población debido a barreras tecnológicas y sociales existentes.
El gobierno mexicano y organizaciones internacionales como el Banco Mundial, que otorgó un préstamo de 200 millones de dólares a México para estos fines, han declarado que estos sistemas serán útiles para fomentar la inclusión de la población. «Ahora son los defensores de la inclusión social, ahora son los defensores de los derechos humanos, así que, ¿en qué lugar nos deja eso a los movimientos de derechos humanos? ¿Somos solo gente que se interpone en el camino hacia la inclusión y los derechos humanos?», afirmó Christian van Veen.
El experto también sugirió que las prioridades del gobierno podrían no ser solamente la inclusión social y económica, esto citando las cifras de registros públicos en México que exceden el 95% de la población total, sino que podría servir como una herramienta para identificar a las personas y evitar situaciones de fraude, mejorar el control del gasto público al identificar específicamente las necesidades de la población e incluso apoyar a la recaudación de impuestos, etc.
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Por su parte, Mustafa Mhmound y Elizabeth Mendoza Maldonado hablaron de las experiencias que este tipo de sistemas que han llegado a operar en sus países han dificultado el acceso a servicios de salud y educación, creando “problemas de derechos humanos y no de documentación” a la vez que obliga a las personas a entregar sus datos o sufrir la exclusión.
Mustafa indicó que en Kenia varias tribus han acudido incluso a cortes debido a que no han tenido acceso a este régimen de identidad puesto en marcha este año ya que para ser incluidos necesitan documentos físicos actuales que nunca habían tenido. Además denunció que el sistema aplicado obtiene información que no es relevante para la identificación, llegando al punto de requerir información del ADN de las personas o de su posicionamiento GPS.
Elizabeth Mendoza recalcó la importancia de que cualquier tipo de identificación digital pueda ser controlada por los ciudadanos y que estos puedan “acceder, confirmar, corregir y pedir la cancelación de su información de la identificación del sistema digital” y deben existir mecanismos regulatorios para la supervisión del uso de los datos así como un uso justificado de los datos que solicitan.
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