Las preocupaciones de las dependencias independientes van desde el derecho a la información hasta la competencia económica

Eduardo Rivas

Organizaciones de la sociedad civil enfocadas en la protección de los derechos humanos así como organismos públicos independientes enfocados en la transparencia y competencia económica expresaron su rechazo al decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el que declara a las obras públicas como objeto de seguridad nacional por lo que se reservará la información relevante de las mismas.

Ante el decreto presidencial que Andrés Manuel López Obrador emitió el pasado lunes 22 de noviembre y que declara a todas las obras a cargo del gobierno como de interés público y asunto de seguridad nacional, diversas voces se han levantado en contra de esta categorización que llevaría a los detalles de dichas obras a la opacidad, reservando la información por años y afectando de diversas maneras a la sociedad mexicana.

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Organizaciones civiles.

Una de las principales críticas de esta acción ha sido la propia sociedad civil ya que organizaciones de derechos humanos como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) indicó que dicho acuerdo es inconstitucional pues genera una “calificación anticipada” a las obras del gobierno lo cual “da espacio a la opacidad y a la discrecionalidad en la gestión de obras y proyectos públicos” y evita la necesidad de licencias o permisos eliminando el debido proceso de autorización.

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El documento firmado por 31 organizaciones civiles enfocadas en los derechos humanos de los pueblos indígenas, industria minera y petrolera, de recursos naturales y protección al medio ambiente, de derechos de la mujer, etc. ha alertado de los efectos negativos que potencialmente tendrá la medida sobre todos estos grupos y sus derechos al evitar los procesos de autorización y el escrutinio público del que quedarían exentas las obras públicas.

“Generar un sistema de excepciones que elimina los mecanismos de evaluación y control, pone en riesgo el cumplimiento de objetivos de los proyectos y obras públicas conforme a las necesidades sociales y la garantía de derechos humanos, pero también transgrede la rendición de cuentas y genera un campo fértil para la opacidad y la corrupción” se lee en la carta.

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Consecuencias económicas

Por otra parte, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) expresó en un comunicado su preocupación por que el acuerdo tenga consecuencias “en materia de competencia y libre concurrencia” pues, al evitar las regulaciones tradicionales, no podrá garantizar un piso parejo en cuando a las licitaciones que entregará el estado.

En palabras de la Comisión, el acuerdo “podría otorgar trato asimétrico y preferente respecto de proyectos públicos y privados, a propósito del cumplimiento de trámites y requisitos establecidos en función de riesgos.” lo cual va en contra de los intereses del gobierno y de la ciudadanía pues la competencia permite que se comparen diferentes proyectos y se elija al que mejor cubra las necesidades.

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“Debería privilegiarse el uso de la licitación pública a fin de que el Estado esté en posibilidad de conseguir las mejores condiciones de contratación.” indicó el comunicado a la vez que afirma que declarar las obras como de seguridad nacional debe ser la excepción “donde exista una racionalidad clara de peligro, riesgo o alteración a la seguridad pública conforme a la normatividad aplicable.”

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Preocupaciones de transparencia

A pesar de que las objeciones sobre la confidencialidad de los datos que resultaría de clasificar la información de las obras como de seguridad nacional ya han sido externadas por la sociedad civil, serán llevadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el Instituto Nacional de Información y Protección de Datos Personales (INAI) a través de una controversia constitucional.

Según informó el Instituto, presentarán el recurso legal en los próximos días luego de una sesión pública el acuerdo que entregarán ante la corte con los argumentos jurídicos así como los puntos específicos a tratar, no de los cuales indicaron es una transgresión al artículo 6 de la Constitución “El Instituto reitera su compromiso para garantizar el derecho de acceso a la información de la sociedad, sin restricción alguna, y evitar que el principio de máxima publicidad sea vulnerado.” declaró.

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