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Investigadoras son víctimas de «espionaje» por parte de la FGR 

Organizaciones civiles respaldaron a la periodista con un documento emitido el mismo día que la denuncia

Eduardo Rivas

Hace unos días, se dio a conocer que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) habría solicitado en 2015 a empresas de telefonía móvil información privada de la periodista Marcela Turati, la cofundadora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) Mercedes Doretti y la defensora de derechos humanos Ana Lorena Delgadillo relacionadas con la investigación del asesinato de 193 personas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas en 2011.

Según escribió Turati en un artículo publicado en el diario estadounidense The Washington Post, fueron incluidas en la carpeta de investigación creada sobre el grupo criminal “Los zetas” ante el hallazgo de las fosas comunes en abril de 2011, por lo que la SEIDO, parte de Fiscalía General de la República (FGR) —antes Procuraduría General de la República (PGR)— inició una investigación contra ellas por los delitos de secuestro y delincuencia organizada y calificó como “extraurgente” la necesidad de obtener llamadas, registros telefónicos, mensajes de texto y ubicación geográfica por parte de las empresas de telefonía móvil.

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Este acto que la periodista señala como “espionaje”, habría ocurrido en 2015 cuando la FGR, las investigó durante el desarrollo de sus labores, situación que fue denunciado por la ONG Fundación Justicia anteriormente, quienes aseguraron el uso de los recursos a disposición de la dependencia van en contra de “las víctimas, a quién las representaba, a una perita independiente y a una periodista”.

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“Esos recursos no los usan cuando alguien desaparece pues tardan meses, si no es que años, en hacer diligencias o en pedir las listas… de llamadas de las personas reportadas como desaparecidas, información que hubiera ayudado a ubicarlas de inmediato. Como sí nos ubicaron a nosotras.” según escribió Turati en el Post.
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La denuncia de Marcela Turati

La periodista acusa que estas acciones representan actos de censura, acoso judicial, invasión a la privacidad, un ataque a la libertad de expresión y el periodismo, y una amenaza contra las libertades “es un intento del gobierno de poner un ultimátum a la defensa de los derechos humanos, la ciencia independiente y el periodismo que opta por las víctimas” expresó. 

Adicionalmente indica que las actividades en su contra y sus compañeras probablemente se efectuaron durante su investigación del caso Ayotzinapa debido a las dudas que tenían sobre la llamada “Verdad histórica” expuesta por la FGR y sugiere que fueron blancos del malware israelí de espionaje Pegasus.

Finalmente la periodista asegura que denuncia estos hechos ahora por su convicción de continuar su labor investigativa en favor de las víctimas de crímenes y por su compromiso por realizar tareas periodísticas a pesar del peligro que representan para las personas que las llevan a cabo, “tengo la certeza de que donde el periodismo no tiene permiso de existir, la gente sigue hablando desde abajo del mar, donde nadie la escucha” indicó.

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