El juez encargado detectó diversas contradicciones en la propia ley así como artículos que la ponen en oposición a otras legislaciones

Eduardo Rivas

La llamada ley HB20, firmada por el gobernador de Texas Greg Abott en septiembre pasado, pretendía que las plataformas de redes sociales con más de 50 millones de usuario activos al mes no pudieran eliminar contenido que expresara opiniones de usuarios a pesar de que estas sean controversiales o no se ajusten a las opiniones de los moderadores de las redes sociales. Además, la ley establecía acciones para la eliminación de contenido ilegal en menos de 48 horas de ser detectadas.

Meses después, a pesar de que esta legislación fue creada con el propósito de “proteger a los usuarios de las redes sociales y del correo electrónico de la censura”, la ley fue suspendida por un tribunal federal a cargo del juez Robert Pitman quien emitió una orden para evitar la puesta en marcha del proyecto al encontrarlo violatorio de la primera enmienda constitucional, que protege la libertad de expresión en Texas.

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Ley repleta de contradicciones

De acuerdo a información de la orden, a pesar de que el estado permite que las redes sociales prohibir contenidos relacionados con el racismo, spam, pornografía y discursos terroristas, en la audiencia se expresó que “no puede discriminar a los usuarios que publican discursos nazis… y [no] discriminar a los usuarios que publican discursos sobre el anti blanco o algo así”, lo cual se ha indicado como una contradicción.

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De acuerdo con el fallo del juez, al evitar que las compañías eliminen contenido que no va de acuerdo a los valores de una compañía podría llevar a la diseminación de este contenido lo cual las llevaría a “alterar el contenido expresivo de su [mensaje]” lo cual violaría su propia libertad de expresión y entraría en conflicto con la primera enmienda.

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En la orden también se detallaron controversias respecto a otras leyes y regulaciones con las que este proyecto entraría en conflicto, entre estos cláusulas de comercio, cláusulas de plena fe y crédito, la cláusula del debido proceso de la decimocuarta enmienda además de ser vaga en varios puntos, entre otras.

Debido a esto, el juez ha ordenado que dicha acción se detenga hasta que se lleve a cabo una audiencia preliminar en la que se resuelvan estas y otras preocupaciones al respecto de la legislación, por lo que su entrada en vigor planeada para el día 2 de diciembre quedará suspendida temporalmente.

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