La investigación recordó que durante el periodo pasado, la entidad celebró dos contratos para la compra de equipos de espionaje similares
Eduardo Rivas
De acuerdo a una investigación del semanario Zeta Tijuana, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California intentó comprar por un monto superior a 16 millones de pesos de antenas celulares falsas IMEI Catcher, antenas que tienen capacidades para realizar vigilancia e intrusiones masivas a equipos celulares. La Fiscalía argumentó que la compra de estos equipos que clasificaron como “de comunicación” son para combatir el delito de secuestro.
Según la investigación, la Fiscalía habría hecho una petición ante el Congreso estatal solicitando un estudio de viabilidad financiera y transferir recursos por más de 16 millones de pesos de la dependencia a la partida presupuestal número 56051 por “equipos de comunicación” destinados a “fortalecer herramientas para el combate al secuestro” sin que dicho documento detallara los pormenores de dichas herramientas.
La Auditoría superior del estado habría entregado un documento, al que se refiere el semanario, en el que sugerían un costo de 16 millones de pesos por un equipo “Stealth IMSI-IMEI Catcher ID Grabber, Catch & Release, Full SDR” el cuál, entre otras cosas, se detalla tiene capacidad para intervenir redes desde 2G hasta 4G con potencial para adaptarse a nuevas tecnologías además de un peso de 30 kilogramos y un estuche, con lo cual podría usarse de manera portátil.
Cabe resaltar que el presupuesto que calculó la auditoría se habría basado en el precio entregado por la empresa Genesi Networks Consulting, S de RL de CV., adscrita al padrón de proveedores de la Fiscalía, pero al cuestionar la diputada Michel Sánchez Allende sobre la posibilidad de conseguir el servicio con otra empresa, el representante de la FGE, Édgar Navarro declaró desconocer ese dato.
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A pesar de que la Comisión de Hacienda del Congreso estatal no aprobó la solicitud de la Fiscalía, con 2 votos a favor y 4 votos en contra, Zeta señala “la realidad es que bien podría incluirlo [la fiscalía] como parte de su presupuesto para el próximo año y sin ningún problema”.
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5276943697118145 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Un ataque a los derechos humanos
La investigación de semanario Zeta contó con la participación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y su director ejecutivo, Luis Fernando García quien declaró para el medio, desde su experiencia con estas tecnologías “es una herramienta que recolecta información de manera masiva. La Fiscalía General de la República y las fiscalías locales, tienen la facultad, información o acceder a metadatos e intervenir llamadas con una orden judicial, con personas o números específicos; y estas recolectan todas las personas que pasan por ahí, todos los que no tienen por qué sentir ninguna interferencia en su vida privada”
Según expresó, las características del equipo podrían darle alcance de hasta 500 metros y podría intervenir llamadas, mensajes, metadatos e incluso ubicaciones por posicionamiento GPS sin que exista una forma de conocer quién o porqué llevan a cabo estas intrusiones además de que no hay mecanismos que garanticen la rendición de cuentas o si realmente se usará por las personas adecuadas.
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https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5276943697118145 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Contratos previos
Zeta también recordó que, durante el periodo del gobernador Francisco Vega de Lamadrid entre 2013 y 2019, se hizo un gasto de más de 60 millones de pesos en equipos de espionaje por parte de la entonces Procuraduría General del Estado. El medio ubicó dos contratos, uno de 2014 por valor de 8 millones y otro de 2016 por 45 millones de pesos.
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El primero de estos contratos además, fue celebrado con la empresa israelí Eyetech Solutions, SA de CV, filial de Verint Systems, SA de CV vinculadas con el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón acusado de secuestro, tortura y manipulación de evidencia en el caso Ayotzinapa así como malversación más de 50 millones de dólares en el caso Pegasus, por lo cual actualmente se encuentra profugo en Israel. Adicionalmente, estos contratos fueron destinados a dos equipos muy similares a los que la Fiscalía actualmente intentó adquirir, cada uno con un costo de 8 millones de pesos.
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