Repartidores lamentan quedar fuera de la mesa de negociación, acusan que “nos vean con signos de pesos”
Eduardo Rivas
“La mayoría de las cámaras de la Ciudad de México están totalmente de acuerdo… no tiene nada que ver con los trabajadores de estas plataformas que, en realidad, requieren mejores condiciones de trabajo, no tiene que ver con un cargo al usuario. Tiene que ver con estos recursos que significan un porcentaje muy alto que salen fuera del país” aseguró el pasado 9 de diciembre la jefa de gobierno de la CDMX Claudia Sheimbaum Prado.
Esta afirmación se justifica en una serie de reuniones con distintos representantes del sector privado para discutir el impuesto a los servicios de reparto que la Ciudad de México busca incorporar a su código fiscal. En caso de ser aprobado, las empresas pagarían el 2% de las ventas procesadas mediante aplicaciones.
Sheinbaum también se refirió a los trabajadores de las aplicaciones —Uber Eats, Didi Food, Rappi etc— que anteriormente denunciaron condiciones laborales precarias y cómo este nuevo impuesto mermaría aún más su calidad de vida.
Reuniones con empresarios
Las reuniones con los empresarios, en particular con representantes de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco), Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR), Amazon, Mercado Libre, Uber, Didi Rappi y finalmente con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) fueron precedidas por la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México Luz Elena González Escobar.
La funcionaria informó acerca de las reuniones ocurridas el 8 de diciembre, a través de su cuenta de Twitter y expresó que todas las organizaciones estuvieron de acuerdo con el nuevo gravámen, incluso el caso de la Coparmex que, desde el anunció del nuevo impuesto había llevado a cabo una campaña de rechazo e incluso se anunció una alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) para dar asesorías a empresarios sobre cómo tramitar amparos respecto el impuesto, sin olvidar asegurar que el congreso capitalino “no tiene atribuciones para fijar un impuesto de esa naturaleza y es anticonstitucional.”
El presidente de la Coparmex de la Ciudad de México, Armando Zuñiga expresó mediante su cuenta de Twitter que, el diálogo sostenido con Gonzaléz Escobar fue “abierto, claro y receptivo” y aunque no expresó que se hubiera alcanzado un acuerdo indicó que “hablamos de las preocupaciones de nuestros agremiados” ante los que reafirmó su compromiso como prioridad.
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Los repartidores se mostraron una vez más decepcionados con la medida así como con las reuniones sostenidas entre las autoridades y los empresarios pues aseguran que a ellos los están dejando fuera.
Según declaraciones del colectivo #NiUnRepartidorMenos “Sigue construyendo una sociedad de primera y de segunda, dónde los patrones son escuchados antes que los trabajadores”.
Por su parte, los diputados Royfid Torres y Gabriela Salido representantes de Movimiento Ciudadano y PAN respectivamente encabezaron una conferencia de prensa en compañía de representantes del gremio de repartidores el pasado 9 de diciembre desde la sede del congreso capitalino para expresar su rechazo al impuesto en la que el representante de #NiUnRepartidorMenos, Saúl Gómez declaró “Vamos a buscar la manera de frenar esa locura y hacernos presentes afuera del Congreso, porque no vamos a permitir que nos pisoteen o nos vean con signos de pesos”.
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