Aseguran que violará derechos a la privacidad y a la libre expresión en la red

Eduardo Rivas

Más de 60 organizaciones de derechos humanos y digitales han enviado una carta a miembros del senado estadounidense expresando su preocupación y su rechazo a la Ley de Eliminación del Abuso y Descuido de las Tecnologías Interactivas de 2022 (EARN IT por su sigla en inglés) por considerar que tiene efectos adversos en los derechos de privacidad, seguridad en línea y libertad de expresión.

La iniciativa de ley EARN IT fue encabezada por el senador republicano y representante del estado de Carolina del Sur Lindsey Graham y busca reformar el marco legal para prevenir la explotación sexual de niñas y niños en entornos virtuales mediante el establecimiento de la Comisión Nacional para la Prevención de la Explotación Sexual Infantil en Internet además de que “limita la responsabilidad de los proveedores de servicios… de proteger reclamaciones que alegan violaciones de las leyes de explotación sexual infantil.”

La carta fue firmada por organizaciones de la sociedad civil incluyendo a Article 19, Internet Society, Proyecto de supervisión de la tecnología de vigilancia (S.T.O.P por su siglas en inglés) y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), misma que está dirigida especialmente a los senadores Dick Durbin, del estado de Illinois y Chuck Grassley de Iowa, representantes de los partidos demócrata y republicao respectivamente y miembros del Comité de Asuntos Jurídicos del senado estadounidense.

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Efectos colaterales

En la carta, las organizaciones expresan que, a pesar de que apoyan las iniciativas para frenar la explotación sexual infantil, lo propuesto en esta nueva ley “también dará lugar a una censura en línea que afectará de manera desproporcionada a las comunidades marginadas y pondrá en peligro el acceso a los servicios codificados.”. 

Según la misiva, si algún estado llegara a obligar por ley a los proveedores de servicios de internet a monitorear las publicaciones de los usuarios, esto los convertiría efectivamente, en agentes del gobierno. Ante esto, cualquier evidencia sobre actividades ilegales detectada por estos servicios no podría ser utilizada para imputar a cualquier responsable de cometer estos actos al no tener una orden judicial que validara la obtención de la misma.

Indican además que permitirá que los estados diseñen sus propios límites a lo que se considera material de abuso sexual infantil por lo que las plataformas y usuarios podrían caer en el delito de posicion de manera inintencionada por la ambiguedad con la que se pueda llegar a tratar por cada demarcación.

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Esto, indican, derivará en una “censura de la expresión en línea excesivamente amplia” por parte de las plataformas en línea para prevenir esta responsabilidad, especialmente para comunidades como la LGBT+ que ya sufren de una “desproporcionadamente” alta tasa de contenido erróneamente calificado como de naturaleza sexual.

Finalmente afirman que la iniciativa, tendrá como efecto el dejar de incentivar a las plataformas a proteger la privacidad de los usuarios mediante la encriptación de extremo a extremo debido a que se les considerará responsables y más aún, como cómplices, en caso de conductas ilegales que ocurran por medio de ellas e incluso “podrían señalar el uso de la encriptación como prueba de que los proveedores han actuado con imprudencia o negligencia.” 

Por todas estas razones, las organizaciones firmantes han exhortado a los senadores a que se opongan a esta ley y consideren opciones “hechas a la medida” para lidiar con los contenidos abusivos sobre la niñez de forma más efectiva. Al cierre de esta redacción, los senadores no han emitido una declaración al respecto de la carta.

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