Empresario admite que vendió equipo de espionaje en México

El empresario aceptó su papel en la venta de los equipos a dos gobiernos estatales además de a diversos socios privados

Eduardo Rivas

El empresario mexicano Carlos Guerrero, se ha declarado culpable ante una corte estadounidense por conspirar para vender y operar softwares de espionaje y herramientas de hackeo de origen italiano e israelí a los gobiernos estatales de Baja California y Durango durante los años 2014 y 2015. De acuerdo a investigaciones de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Guerrero estaría vinculado con la venta de estos equipos por lo menos a siete estados de la república.

Según informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través de la oficina de del fiscal del distrito sur de California, Guerrero declaró ante la corte haber vendido equipo de vigilancia e intervención de señales tanto a clientes del gobierno como a entes privados, incluyendo inhibidores de señales, herramientas de intercepción de señales Wi-Fi, IMSI Catchers —capaces de interceptar mensajes e incluso ubicaciones GPS— y otros equipos con la capacidad de interceptar mensajes de la red social WhatsApp.

“Guerrero admitió saber que, en algunos casos, sus clientes del gobierno mexicano pretendían utilizar el equipo de interceptación con fines políticos, en lugar de con fines legítimos de aplicación de la ley.” explica el órgano estadounidense sobre el testimonio del empresario.
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Este caso es otro ejemplo del uso tecnologías para espionaje en México, como el caso del malware espía de origen Israelí, Pegasus, que fue usado contra de miembros de la administración federal actual, incluidos colaboradores cercanos al Presidente Andrés Manuel López Obrador durante el mandato del ex presidente Enrique Peña Nieto.

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La confesión del empresario también incluye el uso de estas herramientas de espionaje por pedido de particulares puesto que declaró haber cobrado 25,000 dólares a una empresa mexicana, cuya identidad no fue revelada, para interceptar las cuentas de teléfono y correo electrónico de un representante de ventas con sede en Florida así como su uso personal de los equipos para interceptar llamadas de un “rival” estadounidense en el sur de California y en territorio mexicano.

Por los cargos de conspiración que enfrenta en Estados Unidos, Guerrero podría purgar una pena de hasta cinco años de prisión y una multa de un cuarto de millón de dólares aunque su sentencia específica no se ha revelado hasta ahora.

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Gobiernos implicados

De acuerdo a investigaciones hechas por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) en casos de cibervigilancia, especialmente los relacionados con la empresa de Carlos Guerrero, Elite by Carga, así como su empresa matriz Grupo Armor, a través de las cuales se realizaron las operaciones de compra-venta de los equipos, la organización logró identificar al menos siete estados, incluyendo Baja California, Durango, Chihuahua, Morelos, Tabasco, Sonora y Yucatán que recibieron los servicios de estas empresas.

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En todos los casos reportados por R3D las tecnologías fueron obtenidas por los gobiernos durante el año 2014 y en los casos de Baja California, Durango, Morelos, Tabasco, Sonora y Yucatán, extendiéndose hasta 2015 bajo el concepto de renovación de licencias (en Baja California) o incluso para obtener mejores y nuevos equipos (en Yucatán).

En su declaración ante las autoridades estadounidenses Guerrero aceptó haber llevado a cabo operaciones con los gobiernos de Baja California y Durango pero no por los demás casos. Por su parte, los implicados en estas compras, incluyendo a los entonces gobernadores, Francisco Vega de Lamadrid (Baja California) y Jorge Herrera Caldera (Durango) han negado su participación.

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