La decisión del juez Roberto Gallardo se debió a que el ministerio de Seguridad de CABA realizó un exceso de solicitudes de datos biométricos de personas no encontradas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC)

Luis Méndez Zaldívar

Ante el presunto acceso a datos biométricos del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, una orden judicial suspendió el funcionamiento del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) del ministerio de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires. 

La decisión fue tomada por el juez Administrativo y Tributario de la ciudad Roberto Gallardo, quien también ordenó medidas como el secuestro de computadoras y dispositivos por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), informa el medio argentino Télam.

Con respecto al uso y obtención de datos, Gallardo argumentó que el CABA solo podía extraer los datos biométricos “siempre y cuando se tratará de personas cuya búsqueda haya sido exigida por la Justicia».

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Asimismo, el medio argentino informa que a parte de los funcionarios públicos, se solicitaron datos biométricos de 9 millones de personas —incrementó respecto al máximo que se había registrado de 40,000 solicitudes— de las que solo se pueden pedir datos en caso de que una ciudadano se encuentre la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC) del Registro Nacional de las Personas (Renaper). 

El juez determinó que el exceso de solicitudes pudo prestarse a la manipulación para obtener información indebida de forma ilegal. 

Respecto a la situación, el abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales, Digo Morales, aseguró “el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe dar una explicación acerca de las búsquedas que hizo de datos biométricos de tantas y tantas personas en el período de abril de 2019 a marzo de 2022” —periodo en el que se realizaron los 9 millones de consultadas—, informa Télam. 

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Jorge Macri, Ministro de Gobierno, Felipe Miguel, jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno y  Marcelo D´Alessandro, Ministro de Justicia y Seguridad consideraron durante una conferencia de prensa que el falló del juez fue “un ataque al sistema de seguridad de la Ciudad”, informa El Economista de Argentina. 

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