ONGs alertan que ley de residuos sólidos en México beneficiaría a empresas

El proceso de incinerar residuos y la termovalorización que se incluyen en las minutas del Congreso, pueden ocasionan daños en la salud y para los ecosistemas, dicen expertos

Luis Méndez Zaldívar

Organizaciones de sociedad civil aseguran que las minutas sobre la Ley General de Economía Circular (LGEC) y las reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) benefician a los agentes del sector industrial y dejan de lado la protección ambiental y el bien común.

La organización ambientalista internacional Greenpeace señala que durante las audiencias públicas sobre el LGEC y la LGPGIR realizadas en abril de este año el sector industrial tuvo mayor participación y solamente llegaron a avalar las minutas, pues les representa un beneficio, de acuerdo a una entrada de blog.  

Ornela Garelli, campañista de Océanos y Plásticos en Greenpeace México señala que la organización denunció que las minutas protegían a aquellas compañías que comercializan plásticos ya que no contienen sanciones ni responsabilidades para las empresas. 

“Es importante que existan foros públicos para debatir reformas legislativas, pero estos deben ser inclusivos y no deben convertirse en un instrumento al servicio del sector industrial para avalar minutas que están hechas a su medida, ni para cambiar leyes a su favor”, se lee en el blog. 

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Ausencia de participación de afectados y ONGs

También afirman que las opiniones de las comunidades afectadas por residuos y la de los recicladores de base y las organizaciones civiles estuvieron ausentes, y consideran que es importante tomar en cuenta su perspectiva. 

Respecto a las pocas opiniones que pudieron dar, estas fueron dirigidas para advertir los peligros que implica incluir la incineración de residuos y al co-procesamiento y la termovalorización — proceso de oxidación  rápida de los materiales combustibles en los residuos el cual genera calor  y convierte los residuos a productos gaseosos de combustión en dióxido de carbono y vapor de agua — en las minutas. 

Ambos procedimientos perjudican la salud de las personas y sus ecosistemas, de acuerdo a Greenpeace.  

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Exigencias de las ONGs 

Distintas organizaciones civiles realizaron ocho exigencias al Senado de la República y a la Cámara de Diputados, estas son: 

  1. Respetar los derechos humanos en el transcurso de vida de los plásticos y no solo en su proceso final. 
  2. La segunda exigencia va dirigida hacía las compañías cementeras y plantas de residuos, se les solicita que paren su producción y emisión de contaminación, de igual forma, solicitan que haya derecho de acceso a la información para la ciudadanía.
  3. La definición de plásticos de un solo uso debe ser modificada ya que deja a casi todos los plásticos de esta índole fuera, ya que deja fuera a los plásticos reciclables, compostables, aprovechables y valorizables fuera de esta categoría, permitiendo la no correcta regulación. El concepto viene en la minuta de la LGPGIR.
  4. Que las minutas definan de forma estricta la Responsabilidad Extendida de los Productores (REP) y que garanticen responsabilidades claras para el sector industrial.
  5. Escuchar a las organizaciones de pepenadores y de recicladores para saber qué papel pueden desarrollar en la economía circular. 
  6. No retroceder en las políticas municipales y estatales sobre la prohibición de plásticos de un solo uso.
  7. Las minutas deben respetar la jerarquización de la gestión de residuos, es decir, darle prioridad a los primeros pasos del proceso de los plásticos, como es el caso de la prevención y la minimización en la generación de residuos así como en la elaboración de productos reutilizables. 
  8. Que los objetivos planteados en los artículos transitorios de la LGPGIR favorezcan la transición a sistemas reutilizables de distribución de productos así como la eliminación de plásticos de un solo uso innecesarios y añadir parámetros que permitan conocer el avance que se va obteniendo con las medidas impuestas además de plasmar medidas para sancionar incumplimientos. 
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