Luego de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación organismos alegan que otras instituciones podrían interponer una acción jurídica que los absuelva de proporcionar información a los particulares 

Luis Méndez Zaldívar

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la controversia constitucional 325/2019 a favor de la Fiscalía General de la República (FGR) es un “grave retroceso para el derecho a la información” asegura la organización que promueve los derechos en el entorno digital R3D.

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El pasado 12 de mayo la SCJN invalidó con siete votos a favor y cuatro en contra el  recurso de revisión RRA 9481/19, por parte del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) el cual solicitaba a la FGR entregar a un particular el nombre y cargo de todo el personal encargado de la investigación y persecución de delitos —adscrito a diversas subprocuradurías de la FGR, entre los que se encuentran los Agentes del Ministerio Público de la Federación así como Policías Federales Ministeriales y Peritos—.

El argumentó de la decisión radica en el ejercicio de la esfera competencial constitucional que tiene la FGR, además de exponer en el comunicado las tres razones por las cuales el SCJN tomó la decisión.

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En primera instancia, señala que identificaron como la información solicitada podría comprometer el ejercicio de sus facultades constitucionales y, por lo tanto, la seguridad pública de la nación. La información podía ser utilizada por los grupos criminales y conocer cómo opera y reacciona la FGR, los datos revelarían las funciones del personal así como su organización para cumplir con las mismas. 

En segundo lugar, el SCNJ revela que existe “una relación causal general” entre la entrega de información y el daño a la seguridad pública, los delincuentes podrían tener la capacidad y conocimiento de entorpecer las actividades de inteligencia y contrainteligencia en el combate a la delincuencia y en la investigación de delitos federales.

Por último, la tercera explicación menciona que se encontró una relación entre la entrega de nombres y cargos de los Agentes del Ministerio Público Federal y la afectación que podría ocasionar a la seguridad pública. 

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Resolución representa un retroceso

Esta decisión podría abrir la posibilidad de que otras instituciones realicen la misma acción jurídica bajo el argumentó de “invasión de competencias”, por lo que cerrarían los canales para acceder a información, advierte R3D. 

De igual forma, argumentan que la resolución del SCJN “socava la naturaleza misma del INAI como órgano garante del derecho de acceso a la información”, limitando su facultad de transparentar la información.

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